El pasado 1 de octubre, se aprobó en la Asamblea de Madrid, la 16ª modificación de la Ley del Suelo (en 19 años de vigencia) de forma polémica: sin permitir enmiendas, en contra de los informes de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid y cuyas modificaciones dejan sin control las acciones urbanísiticas, ya que elimina la necesidad de licencia urbanística municipal para iniciar actos de construcción y edificación.

Esto es lo que nos informa Ecologistas en Acción sobre como y qué se aprobó en esta nueva modificación de la Ley:

Malas formas

Estos son los puntos que resume el comunicado de prensa de Ecologistas en acción sobre las «malas formas» con las que se aprobó la modificación de la de Ley:

  • Por lectura única, por ello no se ha permitido la presentación de enmiendas por los diputados autonómicos.
  • Con un informe en contra de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, quienes alertaban de la posible invasión de competencias municipales y de la vulneración de la novrmativa urbanística básica, indicios de que podría ser inconstitucioinal
  • Con un cambio importante y polémico: sustituir la licencia urbanística sujeta a control municipal por una declaración responsable que permitirá el comienzo de obras y actividades sin supervisión municipal.
  • Ignorando completamente las peticiones de diálogo plasmadas en el manifiesto que han hecho público colectivos vecinales, asociaciones ecologistas, colectivos de defensa del patrimonio cultural, asociaciones de la vivienda digna sindicatos y partidos de la oposición.
  • Con los únicos votos de los grupos de derecha de la Asamblea.

Un cambio muy importante

Resaltan la importancia de los cambios y nos explican los motivos:

«El pleno de la Asamblea de Madrid, con la mayoría parlamentaria de los grupos de la derecha, ha aprobado la Ley por la que se modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid para el impulso y reactivación de la actividad urbanística. La aprobación se ha producido por lectura única, es decir sin permitir la presentación de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios.»

«La modificación consiste en el cambio de 13 artículos (del 151 al 163) de la actual Ley del Suelo. La principal reforma consiste en reducir los mecanismos vigentes de control municipal sobre los actos de uso del suelo, construcción y edificación. En muchos de estos actos, se sustituye la licencia urbanística, que supone una supervisión municipal desde el inicio de la solicitud del promotor, por la declaración responsable. En esta última, el control del ayuntamiento es posterior, una vez iniciada la construcción o la actividad y siempre que el municipio cuente con medios suficientes de inspección, cosa que en general no sucede, y por lo tanto implica un elevado riesgo de que se realicen intervenciones ilegales que conlleven efectos irreparables (demoliciones de edificaciones históricas, daños a terceros, construcciones ilegales en suelo protegido, etc


¿Vuelve «el pelotazo inmobiliario» sin control?

«La consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Paloma Martín, en el pleno de hoy, ha vinculado -sin demostrarlo con dato alguno- la llamada reactivación de la actividad urbanística y sus esperados efectos sobre la economía, con el simple hecho de suprimir cargas administrativas innecesarias. Bajo esta motivación subyace una tesis contraria al necesario e inexcusable control de la legalidad urbanística que se ejerce mediante la licencia, hasta el punto de considerarla un estorbo para la actividad urbanística. Por contra, deja a la iniciativa privada el papel de motor de la actividad económica.»

Así expresa el comunicado la importancia de esta modificación.

Ignorando a todos, incluso a sus propios departamentos

Uno de los puntos de indignación ha sido el ignorar todos los agente sociales que se manifestaban contrarios a esta modificación de la Ley y que explican de esta manera:

«Pero no solo se ha ignorado a la ciudadanía y a la oposición, el Gobierno regional y los partidos que han votado a favor, también han desatendido muchas de las indicaciones que le fueron sugeridas por sus propios departamentos. Por ejemplo, la Abogacía General de la Comunidad de Madrid ha visto rechazadas muchas de las consideraciones de su informe de 15 de julio. Algunas de ellas de carácter esencial como la que recoge la preocupación por la posible vulneración de las exigencias derivadas del principio de autonomía local. Así, en la nueva regulación recogida en el artículo 156 de la nueva Ley, referido al contenido de las declaraciones responsables urbanísticas, se alerta de que se podrían estar regulando materias que son competencia de las entidades locales»

Los daños pueden ser irreparables

«Igual de grave resulta el desprecio a las indicaciones realizadas por la Dirección General de Patrimonio Cultural que ha visto rechazadas todas sus sugerencias y que no duda en entender, en su informe que «la figura de la declaración responsable tiene efectos muy negativos en la protección del patrimonio cultural. Su aplicación en la práctica supone que la necesaria autorización previa —como requisito que garantiza que no se realizan ni actuaciones ni usos que pueden dañar los bienes culturales— es sustituida por un control realizado a posteriori que en la mayor parte de los casos tiene lugar una vez producido un daño que ya es irreparable»«

Uno de los muchos colectivos que luchaban contra esta Ley aprobada con unas formas y un fondo muy polémico nos informaba de este importantísimo tema. Ecologistas en acción, entre todas las voces que se elevaron en contra, opinan que no se puede cambiar la licencia urbanística por la declaración responsable ignorando la situación de los ayuntamientos y de la propia Comunidad de Madrid. A sabiendas de que los servicios administrativos de control urbanístico carecen de medios personales y tecnológicos suficientes, y que eso supondrá en la práctica más caos y más impunidad en el urbanismo madrileño.

Los efectos de las muchas deficiencias de esta reforma de la Ley del Suelo, a juicio de esta asociación, la hacen susceptible de ser recurrida ante el Tribunal Constitucional. Por ello, desde hoy la organización trabajará en este sentido.