Por Gumersindo Ruiz. Portavoz de Más Madrid Villaviciosa
Las reparaciones puntuales en la vía pública se cubren mediante un contrato de servicio de conservación y mantenimiento. Sin embargo, la ejecución de obras nuevas o de ampliación requiere, por ley, una licitación específica y transparente. El procedimiento administrativo no admite ninguna duda.
Desde Más Madrid Villaviciosa hemos alertado acerca de una práctica que se está volviendo peligrosamente recurrente. El actual equipo de gobierno del PP-VOX está ejecutando obras bajo el amparo de contratos de mantenimiento, esquivando así los controles y la licitación pública que exige la Ley de Contratos del Sector Público.
El ejemplo más reciente lo encontramos en la «solera de la carpa de las peñas». Allí se están ampliando la plataforma y las instalaciones; tareas que exceden, con mucho, cualquier labor de conservación rutinaria. El concejal de Obras Públicas confirmó en el Pleno de julio que el ayuntamiento carece de un contrato específico para estos trabajos, y se escudó en una mezcla confusa y sesgada de normativas para disfrazar su flagrante incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público.
La solución adoptada por la Concejalía de Obras Públicas ha sido adjudicar a dedo esta obra a la empresa concesionaria del mantenimiento viario y facturarla dentro de dicho contrato, como si se tratara de arreglar un simple desperfecto. A esto se le suma la alarmante ausencia del informe previo obligatorio que debe justificar, técnica y económicamente, el uso de dinero público para esta ampliación.
Un patrón que se repite
No estamos ante un caso aislado. A principios del presente mandato se procedió exactamente igual en la calle Gerona: la demolición, excavación, cimentación y construcción de un muro de contención de tierras también se adjudicó a dedo a la misma empresa concesionaria del mantenimiento viario. La obra se certificó camuflándola como una labor de «conservación», eludiendo nuevamente la licitación pública que le correspondía.
No hablamos de un simple despiste burocrático, sino de una vulneración de las reglas más básicas de la contratación pública. La diferencia es abismal: un contrato de mantenimiento sirve exclusivamente para reparar el desgaste del día a día y conservar lo que ya existe (como tapar un bache o arreglar una acera rota); por el contrario, levantar un muro de contención, colocar cientos de metros de bordillo o ampliar una solera añadiendo tuberías es -porque así lo dictamina la Ley- una obra.
Al esconder estas obras dentro de las facturas del mantenimiento rutinario, el ayuntamiento provoca tres graves perjuicios a los vecinos de Villaviciosa:
- Sobrecostes por falta de competencia. Al adjudicar la obra a dedo, se impide que otras empresas puedan presentarse al concurso y ofrecer precios más competitivos.
- Inseguridad y falta de garantías. Construir infraestructuras nuevas exige aprobar un proyecto técnico que justifique el gasto y que garantice la seguridad estructural. Al tramitarlo por la puerta de atrás como un «arreglo rutinario», estos controles desaparecen.
- Trampas presupuestarias. Si el dinero reservado para que nuestras calles sean accesibles y transitables se desvía para pagar obras, se alteran las cuentas que se aprobaron democráticamente en el Pleno.
Frente a esta inaceptable maniobra, hemos solicitado formalmente la actuación de la Intervención y de los servicios jurídicos municipales con el fin de que fiscalicen estas actuaciones y dictaminen acerca de esta forma de proceder.
La Ley de Contratos del Sector Público no es una sugerencia, es una obligación. La administración del dinero de los vecinos de Villaviciosa exige transparencia absoluta y garantías legales impecables. Sin embargo, a la vista de los hechos, este equipo de gobierno del PP-VOX ha dejado claro que prefiere gobernar tomando atajos.