Por la Junta electa democráticamente y sustituida por el Ayuntamiento
La Junta Gestora de la Entidad Urbanística El Bosque, intervenida por el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, ha incorporado un nuevo Director Técnico.
La decisión llega ocho meses después de la intervención municipal y tras semanas especialmente complicadas para numerosos vecinos, algunos de los cuales han sufrido hasta ocho días sin agua, sin que existieran avisos previos que les permitieran prepararse, pese a disponer la red de sistemas de telegestión capaces de alertar con antelación de situaciones críticas en los depósitos.
La pregunta es inevitable: ¿Por qué se contrata ahora a un Director Técnico y qué problema concreto viene a resolver?
Más aún cuando ya se había incorporado una técnica responsable del contrato de agua. Si ahora se incorpora una nueva figura técnica, sería razonable explicar con claridad:
Qué funciones va a desempeñar.
Qué necesidad concreta justifica la contratación.
Qué tipo de contrato tiene.
Cuál será su retribución.
Quién asumirá su coste.
Y qué procedimiento de selección se ha seguido.
Según la información pública disponible, la persona incorporada es Lisardo Sánchez Cuevas, ingeniero industrial y concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Espinoso del Rey (Toledo).
Por supuesto, ser concejal no impide trabajar en otra entidad ni desmerece la capacidad profesional de nadie. Sin embargo, resulta razonable que los vecinos soliciten explicaciones detalladas cuando la contratación ha sido realizada por una Junta Gestora en la que participa el concejal de Entidades Urbanísticas de Villaviciosa de Odón, Pablo Rodríguez, perteneciente igualmente al Partido Popular.
Precisamente por ello sería deseable que se informara con total claridad sobre:
Cómo se identificó al candidato.
Cuántas candidaturas fueron evaluadas.
Qué criterios técnicos se utilizaron.
Quién participó en la selección.
Y por qué se consideró que era la mejor opción para el puesto.
También llama la atención que en el currículum profesional difundido públicamente no figure referencia a su condición de concejal. Puede tratarse simplemente de una omisión sin relevancia, pero en un contexto de contratación vinculada a una entidad intervenida por una administración pública, la transparencia debería ser máxima.
Igualmente, sigue sin conocerse información básica sobre esta contratación. Los vecinos tienen derecho a saber:
Qué modalidad contractual se ha utilizado.
Cuál será el coste total del puesto.
Si dicho coste será asumido por los vecinos de El Bosque.
Si será sufragado por el Ayuntamiento y, por tanto, por el conjunto de los vecinos de Villaviciosa de Odón.
O si existe alguna otra fórmula de financiación.
También resulta razonable preguntarse quién asumirá el coste de esta nueva contratación. Si el Ayuntamiento decidió intervenir la Entidad y asumir el control efectivo del servicio de agua para garantizar una gestión supuestamente más eficaz, parece lógico aclarar si este puesto será financiado por los vecinos de El Bosque o por el propio Ayuntamiento. Especialmente cuando la única competencia que permanecía bajo la responsabilidad de la Entidad era precisamente la gestión del agua y los problemas sufridos se han producido bajo la dirección de la actual Junta Gestora.
La transparencia exige que se informe no solo de quién ha sido contratado, sino también de cuánto costará, quién lo pagará y qué necesidad concreta justifica esta incorporación ocho meses después de la intervención municipal.
Resulta especialmente relevante recordar que el Ayuntamiento justificó la intervención y asunción del control efectivo de la Entidad, especialmente en lo relativo al servicio de agua, bajo la premisa de garantizar una gestión más eficaz, más profesional y más segura para los vecinos.
Sin embargo, ocho meses después, muchos vecinos tienen la sensación de haber perdido la capacidad de gestión y control sobre su propia Entidad sin que ello se haya traducido en una mejora visible del servicio. Muy al contrario, se han producido incidencias de una gravedad sin precedentes para numerosos residentes, con cortes de suministro que en algunos casos se han prolongado durante días, sin información suficiente y sin avisos previos que permitieran adoptar medidas preventivas.
La situación ha afectado además a colectivos especialmente vulnerables, incluyendo residencias de mayores y personas dependientes, que han permanecido durante largos periodos sin conocer la duración real de las incidencias ni las medidas que se estaban adoptando para resolverlas.
La única competencia que permanecía bajo la responsabilidad de la Entidad Urbanística tras asumir el Ayuntamiento las labores de mantenimiento era precisamente la gestión del agua. Por ello resulta difícil comprender que, siendo el motivo principal de la intervención la supuesta mejora de este servicio, los vecinos perciban hoy una menor transparencia, una menor capacidad de respuesta y una mayor incertidumbre sobre cómo se están tomando las decisiones.
A ello se añade que los comunicados emitidos por la Entidad han dejado de estar firmados nominalmente. Precisamente cuando comenzaron a producirse las incidencias más graves, los vecinos dejaron de conocer quién era el responsable concreto de la información difundida. Esta falta de identificación dificulta la rendición de cuentas y aumenta la sensación de opacidad.
La gestión pública exige transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas. Por ello, parece razonable que los vecinos conozcan:
Quién toma las decisiones.
Quién firma los comunicados.
Qué procedimiento se ha seguido para esta contratación.
Cuánto costará.
Quién la pagará.
Y cuáles son exactamente las funciones y objetivos que justifican la creación de este puesto ocho meses después de la intervención municipal.
Los vecinos no solo tienen derecho a recibir información; tienen derecho a recibir información completa, documentada y firmada por quienes asumen la responsabilidad de las decisiones adoptadas. Tras ocho meses de intervención, más que nunca, la transparencia no debería ser una opción, sino una obligación.